El hecho de que la temperatura ya haya aumentado un grado y que las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) continúen incrementándose implica la urgencia de implementar el Acuerdo de Paris en su integridad.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), organización integrada en la Alianza por el Clima (coalición de más de 400 organizaciones de diversos colectivos de la sociedad), apuesta por un cambio en el modelo de producción y consumo justo y sostenible, basado en el uso eficiente de los recursos y un cambio progresivo de las tecnologías fósiles a las renovables que tenga por objetivo una verdadera lucha contra el cambio climático y sus efectos, de los cuales el sector agrario es uno de los principales perjudicados.
El cambio climático tiene una dimensión global y una estrecha relación con otros problemas ambientales, económicos y sociales. En este sentido, se puede decir que este fenómeno se encuentra muy relacionado con el medio rural en una doble vertiente: por un lado, es necesario tener en cuenta las oportunidades y necesidades de mitigación de las emisiones GEI y, por otro, es imprescindible integrar en las políticas para el medio rural el hecho de que el clima está cambiado y lo seguirá haciendo en las próximas décadas, lo que conduce a plantear opciones de adaptación lo antes posible.
España, por su situación geográfica y sus características sociales, económicas y ambientales, es un país muy vulnerable al cambio climático, tal y como se está poniendo de manifiesto en los más recientes análisis e investigaciones, y sobre todo en los efectos que ya padecemos. Por ello, el cambio climático representa uno de los principales retos ambientales con efecto sobre la economía global y el bienestar social. Además, es preciso considerar que los efectos del cambio climático variarán de unas zonas a otras y afectarán a unos sectores más que a otros.
Ya en el informe “Evaluación preliminar general de los impactos en España por efecto del cambio climático”, realizada hace varios años en colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Castilla-La Mancha se avanzaban algunas conclusiones muy llamativas entre las que se pueden destacar las siguientes.
- A lo largo del siglo XXI se producirá un incremento relativamente uniforme de las temperaturas en la Península Ibérica, con una tendencia media de 0,4 º C/década en invierno y de 0,7 º C/década en verano.
- Las precipitaciones tenderán a disminuir de manera significativa. Dichas reducciones resultan máximas en la primavera y algo menores en el verano.
- Se proyecta un aumento de la amplitud y frecuencia de las anomalías térmicas mensuales que se cifra en torno al 20 % con relación a los niveles actuales.
- Se prevé una “mediterranización” del norte peninsular, mientras que en las zonas áridas se incrementarán de forma muy notable en el sur, alcanzando a toda Andalucía, y a partes de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.
- Se prevé también una disminución de las aportaciones hídricas y un aumento de las demandas en los sistemas de regadío. Los impactos se manifestarán más severamente en las cuencas del Guadiana, Canarias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares.
- Es razonable esperar un aumento de 50 centímetros del nivel del mar. Las zonas más vulnerables a este aumento serán los deltas y las playas del Cantábrico. Buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán (deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y costa de Doñana)
- Aumentan los riesgos de crecidas fluviales, de inestabilidad de laderas e incendios forestales.
Efectos del cambio climático en la agricultura y ganadería
El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, con el incremento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones y en la frecuencia de los fenómenos extremos afectarán al volumen, la calidad y la estabilidad de la producción de alimentos y al espacio natural donde se práctica la agricultura y ganadería. Las variaciones climáticas tendrán consecuencias en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, a la prevalencia de plagas y enfermedades y al estado de los suelos que provocarán importantes cambios en las condiciones de la agricultura y la ganadería. Incluso, en casos extremos, la degradación de los ecosistemas agrarios podría conducir a la desertización y, por lo tanto, a la pérdida total de la capacidad productiva de las tierras afectadas.
Según un informe de la Comisión Europea, en España y durante el período 2070-2100 se llegará a un incremento de temperaturas de 4ºC (con una mayor subida en verano y menor en invierno) y un descenso de precipitaciones del 25 %. España será uno de los países más afectados por el cambio climático, y el sector agrario el más perjudicado. De hecho, un documento publicado por la Comisión Europea predice que a final de siglo, de no tomar medidas podríamos tener una reducción en los rendimientos de las cosechas de hasta un 30 %, incluso creando posibles riesgos de oferta de alimentos.
Se producirá un agravamiento de los problemas de desertificación: erosión (en combinación con el aumento de incendios forestales), y la salinización, principalmente en las regiones españolas de clima más seco.
Disminuirá el carbono orgánico del suelo debido a un aumento de la temperatura y de la sequía. Fenómeno que será más visible en las zonas húmedas del Norte de España con usos del suelo con mayor contenido en carbono orgánico como los prados y bosques.
En la ganadería, las altas temperaturas afectarán al ganado, con disminución de la productividad de zonas pascícolas, y un aumento de plagas y enfermedades. Cabe esperar consecuencias altamente perjudiciales para los sistemas de pastoreo extensivos. En las zonas mediterráneas, el aumento de la temperatura y la disminución de precipitaciones acortarán el período de pastoreo y reducirán, tanto en cantidad como en calidad, la producción forrajera.
Uno de los mayores impactos será el que atañe a los recursos hídricos, con alteraciones no sólo en la disponibilidad del agua, sino que también afectará a su calidad y a la concentración de contaminantes. Se vislumbran importantes problemas en la recarga de acuíferos y en los caudales ecológicos, y por supuesto en la disponibilidad para el regadío en determinadas zonas. De hecho varios estudios diagnostican una reducción del 20 al 40 % en las estimaciones globales de recursos hídricos en España, llegando en algunas cabeceras hasta una disminución del 50 % (como es el caso del Júcar). Incluso otros informes vaticinan una reducción de la aportación de agua de un 15-20 % en 20 años.
También se prevé para España una acentuación de los fenómenos extremos, ya sea sequías, olas de calor o inundaciones. En lo referente a sequías nuestro país será de los más afectados, con períodos de sequías más frecuentes y de mayor intensidad. Estos fenómenos meteorológicos extremos pueden ocasionar importantes perturbaciones de la producción, especialmente durante las fases críticas de desarrollo vegetativo.
Debido a los inviernos cada vez más templados, habrá un mayor riesgo de heladas tardías que perjudicará en especial al sector frutícola y al vitícola, éste último también se verá afectado por un acortamiento del período de maduración, produciéndose una tendencia a la deslocalización del cultivo de vid.
El efecto del cambio climático en los recursos hídricos supone un reto de gran trascendencia. España es especialmente vulnerable al cambio climático por ser una zona de transición entre Europa y África. Además, revista gran importancia la distribución espacial y temporal de las diferentes anomalías, por lo que es necesario estudiar cada zona. Incluso, en varios sectores agrarios España perderá competitividad frente a otros países que podrán notar efectos positivos para sus producciones debido a este cambio climático.
La posible disminución de rendimiento y por tanto de producción en determinadas zonas podría llegar a provocar cierta volatilidad en el abastecimiento y ocasionar incrementos en el precio final al consumidor, pudiendo llegar a motivar determinadas “crisis alimentarias”.
Por otro lado, la vulnerabilidad de la agricultura varía en función del contexto social y económico de las explotaciones agrarias. El grado de dicha vulnerabilidad será diferente en base a las propias características de las explotaciones, como el tipo de producción, el tamaño de la explotación y su nivel de intensidad. También varía en función de la situación socioeconómica general, teniendo en cuenta que los agricultores de recursos limitados o residentes en zonas rurales aisladas son más vulnerables.
Se prevé además, que el carácter desigual de los efectos del cambio climático amplifique las diferencias regionales e incremente las disparidades económicas entre ellas.
Todas estas amenazas, desgraciadamente, ya se están empezando a notar en la actividad diaria de nuestros agricultores y ganaderos, la superación de records anuales tanto en temperaturas como otro tipo de indicadores está ocasionando modificaciones importante en la actividad agraria con la consecuente pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas (sequías en el sureste, olas de calor y escasas precipitaciones que provocan disminución de rendimientos en numerosos cultivos, heladas tardías posteriores a inviernos templados, incremento de prediscos, etc, etc.).
Ante estos previsibles escenarios nos podemos preguntar ¿estamos preparados?, si la respuesta es NO, entonces hay que hacer algo para prepararse. Tenemos una ventaja: hay aún plazo pero no nos debemos demorar.
Emisiones y mitigación
Analizando los datos de emisiones de GEI en España, tenemos que la agricultura supone entre el 12 % del total de emisiones de GEI en 2013 (según el segundo informe bienal de España, dic-2015), especialmente en emisiones de metano (51 %) y óxido nitroso (48 %), con mayor poder de calentamiento de la atmósfera que el propio CO2. Con objeto de reducir estas emisiones los esfuerzos se deben centrar fundamentalmente en actuar sobre las emisiones de óxido nitroso de la fertilización nitrogenada y el metano de los estiércoles ya que consideramos que existe bastante margen de mejora (abonado más racional, mejor tratamiento de estiércoles y purines...)
En cuanto a la captación de sumideros, el sector agrario tiene también un importante papel en la mitigación del cambio climático, destacando muy en especial los pastos y pastizales que en base a un informe de la FAO representan un sumidero de carbono que podría superar al que ofrecen los bosques, si se utiliza adecuadamente.
Adaptación al cambio climático
Las adaptaciones al nivel de las explotaciones agrarias tienen la finalidad de aumentar la productividad, de hacer frente a las condiciones climáticas existentes y de aprovechar los conocimientos y la experiencia de los agricultores. Como ejemplos de diversas medidas de adaptación se pueden citar las siguientes:
- mejorar la gestión del suelo, reforzando la capacidad de retención de agua a fin de conservar su humedad, utilizando también la rotación de cosechas
- utilizar el agua con mayor eficacia, disminuyendo las pérdidas, mejorando las prácticas de regadío y reciclando o almacenando el agua
- adaptar los cultivos gracias a la diversidad genética existente, y escoger cultivos y variedades mejor adaptados a la duración esperada de la temporada vegetativa y a la disponibilidad de agua, y más resistentes a las nuevas temperaturas
- ajustar el calendario de los trabajos agrícolas, como las fechas de la siembra o la cosecha, o la aplicación de tratamientos
- introducir razas de ganado más resistentes al calor y adaptar los patrones de la dieta del ganado
- mejorar la información, formación y asesoramiento al agricultor y ganadero
Al ser considerado el sector agrario como un sector “estratégico” tanto en el ámbito económico, como social y territorial, éste debe tener un “Plan de Adaptación al cambio climático” específico, con plena participación de los interlocutores sociales. Dicho Plan debe identificar las zonas y sectores vulnerables y evaluar las necesidades y posibilidades de cambiar cultivos y variedades como respuesta a la evolución del clima. También debe contar con una línea específica de I+D+i de ayuda a la investigación agraria y a la producción experimental destinada a la selección de cultivos y al desarrollo de las variedades mejor adaptadas a la nuevas condiciones. Un aspecto imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta las características de nuestro país, es la de mejorar la eficiencia de las infraestructuras de regadío y las tecnologías de uso del agua, así como la gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, el Plan debe contar con el desarrollo de instrumentos de gestión de los riesgos y de las crisis para hacer frente a las consecuencias económicas de los fenómenos de origen climático. Es preciso reducir las emisiones con medidas eficaces dentro de la “hoja de ruta de los sectores difusos” pero que no supongan agravios para la agricultura familiar. Y por supuesto dotar al plan de acciones correspondientes a la sensibilización, información, formación y asesoramiento necesarias.
Es imprescindible reconocer adecuadamente la función de sumidero que ejerce el sector agrícola, destacando en especial la superficie de pastos, y cultivos con gran implicación social y gran extensión en nuestro país como son el olivar, viñedo, plantaciones de cítricos o de frutos secos por citar algunos.
El fomento de las energías renovables desde el sector agrario debe ser uno de los pilares estratégicos para luchar contra las emisiones GEI.
De cara tanto a medidas de mitigación como de adaptación, UPA es partidaria de establecer determinadas prioridades tanto en territorios como a nivel de agricultores, con una diferenciación positiva tanto para aquellas zonas con fuertes limitaciones de índole físico como para la agricultura familiar.
Los contratos territoriales de explotación deben ser fomentados con objeto de aplicar este tipo de instrumento en las políticas de adaptación al cambio climático. De igual manera se debería extender conceptos como el pago por servicios ambientales (PSA) en esta línea de actuaciones, que favorezca una agricultura sostenible.
El sistema de asesorías a explotaciones tiene que ser reforzado con objeto de poder asumir la labor de divulgación y asesoramiento que requieren estas políticas.
La agricultura ecológica debe ser fomentada de manera especial dada su especial contribución en esta materia. También los mercados locales y de proximidad tienen que tener un trato prioritario.
Como conclusión, UPA apuesta por una agricultura de carácter familiar que como sector estratégico por las diversas funciones que presta a la sociedad en general, ya sea por la producción de alimentos como por la gestión del territorio que conlleva, se fundamente en un desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica, social y medioambiental y que ante el gran reto del cambio climático pueda contribuir tanto a la mitigación de sus efectos como a la adaptación a dicho cambio, pero contando con el necesario y debido apoyo de la sociedad por medio de las respectivas administraciones y a través de instrumentos que valoricen las externalidades que ejercen nuestros agricultores y ganaderos.
José Manuel Delgado (Gabinete Técnico Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos-UPA)