El Acuerdo de París, que regulará la acción internacional sobre cambio climático a partir de 2020, es un importante marco político internacional en el que los gobiernos asumen el compromiso colectivo de mantener el calentamiento global a largo plazo muy por debajo de los 2ºC; sin embargo, este acuerdo carece de la ambición suficiente en la adopción de medidas concretas e imprescindibles para que el objetivo resulte alcanzable.
Las negociaciones internacionales que tendrán lugar durante la 22ª Conferencia de Cambio Climático, en Marrakech entre el 7 y 18 de noviembre de 2016, deben avanzar significativamente en la configuración de mecanismos que garanticen la mejora de la gobernanza internacional del clima, para limitar y revertir con eficacia y en magnitud suficiente el calentamiento global.
Los sindicatos somos conscientes de que el objetivo fijado a largo plazo solo se logrará si se adoptan medidas concretas a corto plazo para transformar profundamente nuestros patrones de producción y consumo y si se revisan al alza las contribuciones nacionales de reducción de emisiones, especialmente por parte de los países desarrollados, cuanto antes.
El repunte de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, 3,2% en 2015 respecto a 2014 y un 18% respecto a 1990, alejándose de la tendencia de la UE muestra la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de cambio climático y con la necesidad de abordar una transformación energética e industrial, que reoriente la economía española en la senda de avance hacia un modelo productivo bajo en carbono y generador de empleo decente.
Es necesario reforzar la gobernanza mundial del Clima acordada en París en favor de los derechos, la justicia y la solidaridad con el fin de proteger a las personas y al planeta frente al cambio climático. Los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPPC, 5º Informe-2014) prevén una amplificación de los riesgos existentes y la aparición de otros nuevos relacionados con el cambio climático para los ecosistemas naturales y la vida humana, afectando con mayor intensidad a las personas y comunidades más vulnerables. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en 250.000 las pérdidas de vidas humanas asociadas al cambio climático para el año 2030, y pide el desarrollo de un Plan global sobre Salud y Clima con vistas a reducir los riesgos para la salud relacionados con el cambio climático, incluidos los sectores de trabajadores y trabajadoras expuestos en sus actividades laborales.
Los sindicatos tenemos un papel vital en la defensa de la mejora de los puestos de trabajo y la protección del empleo en las industrias y otros sectores que requieran una transformación sostenible. El cambio debe estar apoyado por medidas de transición justa, conforme a los principios comprometidos en el Preámbulo del Acuerdo de París, garantizando que las políticas climáticas contribuyen a la realización de los derechos humanos, también los derechos de los trabajadores/as, para que nadie se quede atrás en el proceso de transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono.
La Directrices de política de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, aprobadas en 2015, ofrecen un marco de referencia para facilitar a los gobiernos e interlocutores sociales avanzar en la realización de estrategias de transición justa adaptadas a las características y circunstancias de cada país.
La transformación energética e industrial supone no solo la reducción de emisiones en los sectores existentes sino también inversiones en la creación de nuevas industrias limpias que generen nuevos empleos, y en planes de innovación y de formación para facilitar la adaptación de los trabajadores/as al mercado de trabajo. Los sindicatos tienen que ser actores principales en el diálogo social que contribuya a reorientar las inversiones de adaptación de la industria hacia la sostenibilidad ambiental.
En aquellos sectores cuya transformación supone riesgo de pérdida de empleo, es de vital importancia desarrollar un proceso de diálogo entre los interlocutores sociales con antelación suficiente para diseñar estrategias vinculantes de transición, que ofrezcan nuevas oportunidades de empleo a los trabajadores/as afectados y contribuyan a conformar y consolidar cambios estructurales que garanticen trabajo decente para todos.
CCOO, UGT y USO demandamos la aprobación de una Ley de cambio climático y transición energética, que sea un instrumento útil y eficaz que, además de reorientar el sistema energético actual hacia la eficiencia y el uso de recursos renovables, contribuya a implementar mecanismos para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París asegurando que los compromisos nacionales de reducción de emisiones se acompañan de medidas concretas relacionadas con el empleo y la transición justa; el compromiso de fondos de financiación para estas medidas; la participación de organizaciones sociales y sindicatos en los ciclos de revisión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de reducción; y el cumplimiento de los compromisos de financiación del Fondo del Clima para apoyar a los países en desarrollo.
Pedro J Linares Rodríguez (Secretario Confederal de Salud laboral y Medio Ambiente de CCOO)
Ana García de la Torre (Secretaria Confederal de Salud laboral y Medio Ambiente de UGT
Sara García de las Heras (Secretaria Confederal de Acción Sindical e Igualdad de USO)
Organizaciones sindicales que forman parte de Alianza por el Clima
miércoles, 28 de septiembre de 2016
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Alianza por el Clima pide el inmediato comienzo del proceso de ratificación del Acuerdo de París en España
Tras la adopción el pasado mes de diciembre del Acuerdo de París por parte de la comunidad internacional, el Gobierno español en funciones no ha dado ningún paso a diferencia de otros países de nuestro entorno como Francia que ya han comenzado el proceso de ratificación. Este proceso consiste en la incorporación de los objetivos y principios del Acuerdo de París dentro de la legislación nacional, de forma que cuando los países que han ratificado este acuerdo representen al menos el 55% de las emisiones globales el acuerdo de París entrará en vigor.
Por el momento ni la Unión Europea ni el Gobierno español han llevado a cabo este proceso, lo que nos sitúa por detrás de los 27 países que como EE UU o China ya han depositado sus instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas. Por ello, los integrantes de Alianza por el Clima quieren trasladar al Congreso de los Diputados las palabras pronunciadas por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la pasada semana: "El Acuerdo [de París] debe ser ratificado, cuanto más esperemos, más corremos el riesgo de convertirnos en el hazmerreir de todos y de perder crédito en la escena internacional".
Aunque el Acuerdo de París sea insuficiente para frenar el cambio climático e impulsar un nuevo modelo basado en las energías renovables y la justicia social y ambiental, es una señal de los países sobre su compromiso de poner freno al cambio climático. Sorprende que, a pesar de las declaraciones de todos los grupos políticos del arco parlamentario sobre la necesidad de tomar medidas, todavía no se haya dado ninguna iniciativa en este sentido. Teniendo en cuenta el consenso existente, el hecho de tener un Gobierno en funciones no debería suponer ningún impedimento político, práctico o legal para ratificar el Acuerdo de París y así situar a España entre los países que más apoyan su rápida entrada en vigor.
Los últimos datos facilitados muestran cómo el Estado español ha aumentado sus emisiones, lo que arroja como conclusión que estamos lejos de una auténtica descarbonización de la economía. El Gobierno español debe de ser mucho más ambicioso, sirva como ejemplo el compromiso sobre los sectores difusos que situarán las emisiones de gases de efecto invernadero españolas en 2020 por encima de las que se registraban en 1990. Por tanto, es necesario activar mecanismos legislativos de mitigación de las emisiones, además del desarrollo de medidas adicionales coherentes con la limitación del incremento de la temperatura global a 1,5ºC.
Esta ratificación es el primer paso para el cumplimiento de nuestras obligaciones como grandes emisores per cápita de gases de efecto invernadero. Alianza por el Clima espera que el proceso no se detenga ahí sino que con la participación de la ciudadanía se inicie la imprescindible transformación de todos los sectores que culmine con una economía descarbonizada en 2050.
Además Alianza por el Clima ha solicitado al Magrama que convoque próximamente un Consejo Nacional del Clima (CNC) en el que se aborde de manera participada y consensuada la revisión de las estrategias nacionales para la reducción de las emisiones en todos los sectores productivos y la posición del Gobierno español en la próxima Conferencia de Cambio Climático (COP) de Marrakech, en noviembre. En los últimos años, el CNC se ha convertido en un órgano de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales en el que apenas se ha fomentado el debate sobre las grandes decisiones que hay que adoptar en materia de cambio climático
Alianza por el Clima quiere así contribuir a la transformación de nuestra economía y nuestra sociedad hacia un modelo más justo, más sostenible y más equitativo.
Por el momento ni la Unión Europea ni el Gobierno español han llevado a cabo este proceso, lo que nos sitúa por detrás de los 27 países que como EE UU o China ya han depositado sus instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas. Por ello, los integrantes de Alianza por el Clima quieren trasladar al Congreso de los Diputados las palabras pronunciadas por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la pasada semana: "El Acuerdo [de París] debe ser ratificado, cuanto más esperemos, más corremos el riesgo de convertirnos en el hazmerreir de todos y de perder crédito en la escena internacional".
Aunque el Acuerdo de París sea insuficiente para frenar el cambio climático e impulsar un nuevo modelo basado en las energías renovables y la justicia social y ambiental, es una señal de los países sobre su compromiso de poner freno al cambio climático. Sorprende que, a pesar de las declaraciones de todos los grupos políticos del arco parlamentario sobre la necesidad de tomar medidas, todavía no se haya dado ninguna iniciativa en este sentido. Teniendo en cuenta el consenso existente, el hecho de tener un Gobierno en funciones no debería suponer ningún impedimento político, práctico o legal para ratificar el Acuerdo de París y así situar a España entre los países que más apoyan su rápida entrada en vigor.
Los últimos datos facilitados muestran cómo el Estado español ha aumentado sus emisiones, lo que arroja como conclusión que estamos lejos de una auténtica descarbonización de la economía. El Gobierno español debe de ser mucho más ambicioso, sirva como ejemplo el compromiso sobre los sectores difusos que situarán las emisiones de gases de efecto invernadero españolas en 2020 por encima de las que se registraban en 1990. Por tanto, es necesario activar mecanismos legislativos de mitigación de las emisiones, además del desarrollo de medidas adicionales coherentes con la limitación del incremento de la temperatura global a 1,5ºC.
Esta ratificación es el primer paso para el cumplimiento de nuestras obligaciones como grandes emisores per cápita de gases de efecto invernadero. Alianza por el Clima espera que el proceso no se detenga ahí sino que con la participación de la ciudadanía se inicie la imprescindible transformación de todos los sectores que culmine con una economía descarbonizada en 2050.
Además Alianza por el Clima ha solicitado al Magrama que convoque próximamente un Consejo Nacional del Clima (CNC) en el que se aborde de manera participada y consensuada la revisión de las estrategias nacionales para la reducción de las emisiones en todos los sectores productivos y la posición del Gobierno español en la próxima Conferencia de Cambio Climático (COP) de Marrakech, en noviembre. En los últimos años, el CNC se ha convertido en un órgano de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales en el que apenas se ha fomentado el debate sobre las grandes decisiones que hay que adoptar en materia de cambio climático
Alianza por el Clima quiere así contribuir a la transformación de nuestra economía y nuestra sociedad hacia un modelo más justo, más sostenible y más equitativo.
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